ZACATECAS. En la LXIV (64) Legislatura se acordó rechazar los dictámenes de solicitud de crédito de Sombrerete y Luis Moya, mientras que a Tlaltenango de Sánchez Román sí se le aprobó un proyecto de financiamiento por 12 millones de pesos, que se invertirán en equipamiento y maquinaria para obras.
En la sesión de este miércoles, que se prolongó hasta después de las 20 horas, también se contemplaban dos proyectos de crédito para Valparaíso, pero la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo, como presidenta de la Mesa Directiva, decidió dar por terminada la discusión y el asunto quedó pendiente.
La alcaldía de Sombrerete pretendía solicitar 24 millones de pesos para la compra de paneles solares, mientras que Luis Moya pretendía 3.5 millones de pesos para destinarlos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS).
En el caso de Valparaíso, cuya resolución quedó pendiente, se contempla solicitar dos créditos que suman 18.9 millones de pesos para la adquisición de maquinaria.
Sin reducir, cárcel a deudores alimentarios
En la misma sesión, con 16 votos en contra y 11 a favor, fue rechazado el dictamen que proponía reducir las condenas de cárcel a los deudores alimentarios. La legislación actual contempla condenas de cinco a ocho años de cárcel y se proponía reducirlas de tres a cinco años.
La discusión del tema generó un debate entre los legisladores, pues mientras Ernesto González Romo y Enrique Laviada Cirerol hablaban de darle una alternativa a estos deudores para que pudieran pagar su deuda, hubo argumentos en contra de Zulema Santacruz Márquez, Gabriela Basurto Ávila, Priscila Benítez Sánchez y Georgia Miranda Herrera.
Benítez Sánchez argumentó que ella, como diputada, batalla para cobrar una pensión por su hija a un funcionario y consideró que hay mujeres que se enfrentan todavía a dificultades mayores.
En otro tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, envió propuestas de reforma en su organismo, en la que se incluye un aumento del periodo para el cargo de tres a cuatro años, además de la profesionalización del personal.