Candidaturas al Congreso, la clave para 2024… y después
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría de votos la primera parte de lo que mediáticamente se conoció como el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, la vida política del país tomó un rumbo muy interesante, uno cuyo mayor protagonista será el Congreso de la Unión a partir de 2024. A finales de la semana pasada, con el rechazo de la segunda parte del mismo plan, este rumbo se consolidó.
Recordemos que el Plan B de la reforma electoral consistió básicamente en que, mediante la presentación de un par de iniciativas de ley, se pretendía reformar una serie de ordenamientos e impulsar uno nuevo, a fin de tener un marco electoral diferente al actual, lo que para muchos fue considerado una extralimitación y abuso.
Pero retrocedamos un poco: para que hubiera Plan B, hubo primero un Plan A. Ese plan, que consistió en una propuesta de reforma constitucional en la materia electoral, fue rechazado debido a que no se alcanzó la mayoría calificada de votos que se exige para este tipo de modificaciones (el voto a favor de las dos terceras partes del Congreso, toda vez que era un cambio a la Carta Magna); así pues, la derrota en la votación de esta reforma constitucional para el partido mayoritario en el Congreso, lo llevó a instrumentar el Plan B cuyas consecuencias, según algunas opiniones, se verían en la no participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla; la violación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); la pérdida de confianza sobre el padrón electoral; riesgo en el manejo de los datos personales de la ciudadanía; procesos más complejos durante la jornada electoral y posterior a ella; una gran afectación a las condiciones de equidad en la contienda y al modelo de fiscalización, con la posibilidad de que funcionarios públicos incidan electoralmente y; la reducción a una mínima expresión del aparato organizacional y administrativo electoral, esto es, “encoger” al INE.
Para llevar a cabo la reforma (el Plan B), que implicaba todo lo someramente mencionado en el párrafo anterior, se realizó un procedimiento legislativo que, eventualmente, fue declarado por la SCJN como inválido. En comunicados de prensa, el máximo tribunal del país dio a conocer primero que “del análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, las 9 ministras y ministros que votaron a favor del proyecto […] coincidieron en que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Se determinó la invalidez de las reformas […] por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias”; luego, el jueves pasado, se señaló que “la Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento”. Así pues, pasamos de un derrotado legislativamente hablando Plan A, a un derrotado judicialmente Plan B, a ahora a un Plan C: la búsqueda de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para 2024.
Ese Plan C fue dado a conocer por el presidente López Obrador posterior a la decisión de la SCJN. Y podemos decir que fue francamente elocuente al abundar respecto de la idea: carro completo para Morena en 2024, no solamente la Presidencia de la República, sino mayoría -aplastante- en ambas cámaras del Congreso federal: “para poder reformar la Constitución se necesitan 334 [votos de diputados federales], hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ése es el Plan C”, señaló.
Así que, más allá de la Presidencia de la República, el eje de la batalla político-electoral en 2024 serán las curules y los escaños del Congreso de la Unión. En esto, indudablemente, confluirán diferentes perspectivas respecto de la importancia de las posiciones de los partidos políticos que logran representación, así como de los personajes que lleguen al encargo y también quiénes impulsan cuadros.
Porque tome Usted nota de que, desde ya, hay personajes que se están moviendo como Dios les da a entender, haciendo lo que tienen que hacer, hablando con quien tienen que hablar, sacrificando lo que haya que sacrificar, invirtiendo lo que se tenga que invertir y más, para ser candidatos a lo que sea, y particularmente, para los cargos como legisladores.
Y es ahí donde se antoja posible y se sientan las esperanzas de que las cúpulas partidistas, las dirigencias, sus órganos de decisión y demás personajes (políticos, empresariales, de la sociedad civil) que inciden en las decisiones de la partidocracia mexicana, tengan momentos de sensatez, equilibrio, honestidad, transparencia, inteligencia y verdadero amor por México, y construyan las rutas para la designación de perfiles capacitados, comprometidos y limpios que, eventualmente y bajo la lógica de la competencia electoral, puedan ocupar esos espacios legislativos para dar las mejores batallas que haya que dar en el compromiso de luchar por un México mejor desde el Congreso de la Unión a partir de septiembre de 2024.
El Plan C implica una batalla electoral encarnizada por una mayoría calificada en el Congreso. Esa lucha tiene que estar protagonizada por los mejores, pues muy posiblemente será uno de los momentos más importantes de la historia política del país. Ojalá todos los partidos lo dimensionen y, eventualmente, tengamos calidad y proyección en las candidaturas, y no estúpidos, limitados y chambistas clubes de Toby, por todo lo que viene a partir de septiembre de 2024…