CIUDAD DE MÉXICO.- En una reunión en Palacio Nacional, en septiembre de 2020, comenzó la guerra entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la empresa española Iberdrola.
En uno de los salones del histórico recinto, el tabasqueño hostilizó a los ejecutivos de la trasnacional y los acusó de haber ofendido a México por convertir al ex Presidente Felipe Calderón en «uno más de sus empleados».
En respuesta –según el propio AMLO–, los directivos habrían descalificado al Mandatario por actuar como «un populista» al dar un viraje en la política energética.
30 meses después, los mismos actores, en el mismo salón, se dieron la mano, posaron para la foto y sellaron una transacción por 6 mil millones de dólares.
Iberdrola accedió a vender 13 plantas eléctricas, equivalentes al 80 por ciento de sus activos para la generación de energía eléctrica en México y concentrar sus esfuerzos en la producción de energías renovables.
El Gobierno cerró el negocio para quedarse con las instalaciones que operan con combustibles fósiles y posicionó un discurso para presentar una transacción comercial como un «logro patriótico» y un avance en la ruta «soberanía energética», es decir, «una nueva nacionalización» del sector eléctrico.
El miércoles 5 de abril, el Presidente fue cuestionado, en tres ocasiones, sobre la manera en que se construyó el acuerdo con Iberdrola, una empresa a la que había «mandado al carajo», acusándola de corrupción, tráfico de influencias, de ver al País como tierra de conquista, de instrumentar campañas en su contra y de hacer negocios sucios con energías limpias.
En respuesta, el Mandatario se limitó a describir las opciones que puso sobre la mesa: «No habrá expropiación, pero vamos a buscar que la CFE, empresa pública, se quede con el 54 por ciento del mercado y ustedes se van a quedar con 46».
El mensaje fue captado por Iberdrola.
«Hemos entendido que hay una política de su Gobierno y nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que cumpla con los intereses de nuestros accionistas», dijo Ignacio Sánchez Galán, presidente Global de la empresa.
Al mediodía del martes 4 de abril, Iberdrola informó, en España, sobre la firma de un acuerdo por casi 6 mil millones de dólares con Mexico Infraestrucutre Partners (MIP) –un fondo de inversión conjunto entre Pattern Energy Group, de Canadá; EXI Renewables, de México; y Nacional Financiera (Nafin)–, para vender 13 plantas de generación eléctrica en el País.
Una hora después, el Presidente publicó un video en sus redes para anunciar y celebrar la compra de 12 plantas de ciclo combinado y una eólica.
En su discurso se refirió a la operación como una «nueva nacionalización de la industria eléctrica» y presumió que las plantas serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin aclarar que la propiedad no quedará en manos del Estado, sino que se mantendrá privada.
La Secretaría de Hacienda informó que la adquisición se realizó a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por MIP, y financiamiento de la banca.
Precisó que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin, en un vehículo fuera del balance del sector público.
Tras consultar a especialistas del sector, REFORMA reveló que las plantas vendidas por Iberdrola resultaron caras por ser instalaciones viejas, cuya vida útil fenecerá en pocos años.
