Arturo Nahle García denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) el presunto desfalco de 20.2 millones de pesos al Poder Judicial, por una obra mal ejecutada por la extinta Secretaría de Infraestructura (Sinfra) durante el sexenio pasado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) expuso que los recursos fueron pagados entre 2017 y 2018 a la empresa Sahara SA de CV, por la construcción de los juzgados de lo laboral en la capital del estado.
La obra fue autorizada por el entonces titular de la Sinfra, Francisco Ibargüengoytia Borrego, pero quien le dio seguimiento fue el sucesor en el cargo, Jorge Luis Pedroza Ochoa, ambos funcionarios durante la administración de Alejandro Tello Cristerna.
De acuerdo con Nahle García, los delitos que podrían configurarse, son: peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Proyecto incumplido
El titular del Poder Judicial expuso que la obra carece de la calidad contratada, ya que el proyecto consideraba la construcción de una torre de seis niveles; sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) informó que los cimientos “no son capaces de soportar un piso más”.
Además, los pilares sobre los cuales está el edificio “tienen una inclinación y no sostendrán el peso de ninguna estructura adicional”.
Las deficiencias de la obra fueron indicadas durante el proceso de construcción y el personal de la entonces Sinfra advirtió que los pilares debían ser demolidos, ya que carecían de la capacidad estructural para los seis niveles considerados.
A pesar de que tenían conocimiento de las deficiencias mencionadas por sus trabajadores, Ibargüengoytia Borrego y Pedroza Ochoa pagaron las estimaciones correspondientes a las actualizaciones de la obra para cubrir los avances de edificación.
Torre inexistente
Arturo Nahle explicó que al momento de realizar la inauguración de la obra detectaron que no existía la torre de seis pisos y solo construyeron “dos juzgados muy feos, muy mal hechos, que no pueden costar 20.2 millones de pesos”.
La explicación que recibió fue que, al tratarse de una torre de seis pisos, la mayoría del dinero fue invertida en los cimientos para soportar la estructura. “Nos pareció lógico: los 20.2 millones de pesos están enterrados en cimientos”.
Todo esto ocurrió en 2018, pero se percataron de las irregularidades cuando se tramitó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) un subsidio por 20 millones de pesos, para dar continuidad a un piso más.
El magistrado presidente aseguró que lograron el recurso, “está prácticamente autorizado, pero para su liberación es necesario contar con el proyecto técnico”.
Por tal motivo, solicitó a la SOP el estudio respectivo para dar continuidad a la obra, pero la dependencia estatal le notificó que “hubo errores en las pilas de cimentación”. También se observó que había fuertes desplomos y su acero de refuerzo descentrado.
Debido a esta situación, en ese momento se emitió un dictamen en el cual se determina la demolición de las pilas.
Para este proceso no se realizó ningún estudio estructural y el 8 de febrero de este año la SOP recorrió el edificio e inspeccionó la condición de las pilas; estas presentan grietas y fisuras en los encamisamientos, “lo que indica una deficiente construcción”.
Tras dar lectura al dictamen de la SOP, Nahle García concluyó: “no hay cimientos que resistan ni siquiera un segundo piso”, por lo que ahora están en riesgo los otros 20 millones de pesos que logró gestionar ante la Federación.
Explicó que para evitar perder ese dinero presentarán el proyecto para la construcción de un nuevo edificio, “de esta forma podemos asegurarnos que este recurso va a llegar al tribunal”.
A título personal
Nahle García aclaró que acudió a la fiscalía a título personal para denunciar actos que podrían ser constitutivos de delito. “Tengo la obligación de hacerlo”, afirmó.
Explicó que esto obedece a que no puede ser juez y parte. “Como presidente del Poder Judicial, no puedo ser parte del proceso que se inicia”.
El magistrado presidente agregó que, de acuerdo con el Código Penal Federal, “al existir un acto en el que se presuma un delito, estoy obligado a presentar la denuncia correspondiente y aquí existe esa presunción”.
