CDMX. Edmundo Jacobo Molina fue reinstalado en sus funciones como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Once días después de que tuvo que salir del órgano por los efectos del «Plan B» electoral, el funcionario regresó para reasumir sus funciones, luego de que una Jueza federal consideró que la reforma que lo destituyó podría ser inconstitucional.
El funcionario fue recibido en medio de aplausos en el salón de plenos del INE, la tarde de este lunes, mientras que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que el organismo no requería una notificación formal de la Jueza para proceder a la reinstalación de Jacobo.
«El desconocimiento del derecho se lo dejo como monopolio a otros. No necesitamos esperar una notificación de un Juez, la suspensión de la Jueza rinde efectos a partir de la notificación que se ha hecho al licenciado Jacobo, que es el demandante del amparo.
«El licenciado Jacobo turnó el documento oficial, que es un documento digital, a la dirección Jurídica del Instituto, el director jurídico del instituto me lo notificó a mi y yo le notifiqué al licenciado Edmundo Jacobo que se presentara para reasumir las funciones que indebidamente la reforma legal lo había separado», dijo Córdova.
Consideró que la reinstalación de Jacobo Molina es un acto «en la batalla legal por restablecer el orden jurídico y constitucional, que se vulneró por el Legislativo».
Recordó que el INE debe citar a sesión con seis horas de anticipación, como ocurrió en este caso cuando se convocó a las 11:30 a los consejeros y representantes de partidos políticos.
«El Secretario Ejecutivo seguirá siendo Secretario Ejecutivo hasta en tanto no se instrumente la reforma electoral», destacó Córdova.
Ya en la sesión, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, tomó la palabra
«La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta que se dé la sentencia de fondo del juicio de amparo que evidentemente es un primer paso para reparar la regularidad constitucional en nuestro País.
«Hay un que punto que no es ocioso resaltar, los litigios del 17 transitorio no son simples controversias jurídicas por la persona o la permanencia o no en un cargo público, tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un estado de Derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios, así como los derechos humanos conferidos para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos.
«Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales erosiona progresivamente la función social de derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa; deberemos esperar para la SCJN y el TEPJF definan si la reforma electoral se apega o no al marco constitucional, de ello dependerá la forma en la que se organicen las elecciones», destacó.
