CIUDAD DE MÉXICO. Aunque Carlos Antonio Dávila, ex director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, recuperó 500 millones de pesos y redactó la denuncia de la presunta compra fraudulenta de azúcar a una empresa «fachada», terminó en el penal de máxima seguridad del Altiplano con esa misma querella.
El hombre de 74 años de edad y 50 de experiencia en el servicio público, ordenó las querellas por la compra simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos, y la compra ilegal de títulos bursátiles, además de que presentó demandas civiles por incumplimiento de contrato e hizo gestiones que lograron el resarcimiento de 500 millones de pesos a Segalmex.
Contra René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, presentó 10 denuncias. De ellas derivaron dos procesos: Uno por autorizar en Liconsa la compra ilegal de 700 millones de pesos en títulos bursátiles, entre 2019 y 2020, y otro por una adquisición de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos de Segalmex.
Además, elaboró la querella de la que derivaron las 22 órdenes de aprehensión del caso. Esa denuncia fue presentada el 25 de agosto de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Maria Eugenia Oceguera Valle, a quien Dávila le extendió un poder para representar a Diconsa.
La querella originalmente fue interpuesta contra Gavira Segreste y José Francisco Pagaza López, apoderado de Servicios Integrales Carregin, la supuesta proveedora de azúcar.
Dávila también instruyó que Diconsa presentara una demanda civil contra Carregin por incumplimiento de contrato, bajo el supuesto de que entregó sólo 3 mil 110 toneladas de azúcar y no devolvió poco más de 87 millones de pesos que le reclamaron.
A pesar de su aportación en el caso, el 10 de marzo pasado, un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial irrumpió en su casa con una orden de cateo y se lo llevó a Almoloya de Juárez, con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada.
Fue hasta que estuvo frente al juez cuando advirtió que el caso por el que estaba detenido era uno de los varios que había denunciado, el de la compra simulada de azúcar. Gracias a que no firmó un documento que la Fiscalía General de la República afirmaba que había suscrito -la única evidencia en su contra-, el jueves por la mañana un juez federal ordenó su libertad y por la noche abandonó el Altiplano.
En la audiencia en la que el juez resolvió no vincularlo a proceso, sus abogados José Lafontaine Hamui y José Luis Romero expusieron su caso.»Mi cliente logró que se le restituyeran cerca de 500 millones de pesos a la institución, lo logró mi cliente ¿en qué momento la Unidad de Inteligencia Financiera dijo ‘le encontré una cuenta o negocio’? No lo hay, es un hombre que ha dado su vida por México y fue brutal para un hombre de 74 años que entrara la Policía a su domicilio con una orden de cateo», dijo Lafontaine en la diligencia.
«La Fiscalía tiene razón, sí hay una organización criminal detrás de ésto, pero mi defendido no es parte de ella, aquí la Fiscalía contó la historia de atrás para adelante».
La FGR se fue contra Dávila porque supuestamente fue el encargado de supervisar el registro de alta de Servicios Integrales Carregin en el padrón de proveedores.
Esa era la única evidencia con la que se trató de imputarlo como miembro de una organización criminal.
Los fiscales aseguraron que el 16 de abril de 2020 firmó el oficio de alta, sin embargo, en la audiencia se aclaró que el ex director Jurídico no suscribió ese documento.
«Ese oficio mi cliente no lo firmó, es falso que haya avalado fuera de procedimiento a una empresa fachada, la firma no es de Carlos Antonio Dávila Amerena sino de Rogelio Elizalde Menchaca (gerente de lo Contencioso de Diconsa). Faltó la FGR al deber de lealtad», expresó José Luis Romero Díaz, otro de los abogados.
A la media noche del jueves, 18 horas después de que ordenaran su libertad, Dávila abandonó el Altiplano.
Gelmin Omar González Hernández – Agencia Reforma
