El Instituto Nacional Electoral prevé poner en marcha el «Plan B» de la reforma electoral después de octubre.
Este jueves, a las 10:30 horas, el Comité para poner en marcha la normativa electoral, integrado por siete consejeros, se instalará formalmente y aprobará su plan de trabajo.
De acuerdo con su calendario, entre el 17 de marzo y el 31 de octubre, las áreas involucradas se dedicarán a elaborar lineamientos, reglamentos, modificar los ya existentes y diseñar los proyectos para la reestructuración, por lo que su implementación será después de concluir esa etapa.
Los consejeros afirman que los plazos establecidos en los transitorios de la reforma electoral tendrán que cambiar porque en estos se establece que la norma entraba en vigor en enero, pero su publicación fue hasta marzo.
En su calendario se plantea que a partir de hoy y hasta el 31 de octubre, realizarán 17 acciones sobre la estructura orgánica y la adecuación de la normativa.
Antes de concluir marzo, indica el documento, se emitirán los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura.
Con esos documentos en mano, entre el 1 de abril y hasta el 31 de octubre se diseñará el proyecto de reestructura orgánica, con las nuevas funciones que tendrán las unidades administrativas desconcentradas y centrales.
Entre el 1 de julio y el 31 de octubre se concluirá con el «criterio designación de vocales». Esto es, elegir de entre los cinco vocales distritales, quién se quedará como vocal operativo de la oficina auxiliar.
A partir de agosto se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, pero se advierte también que el proyecto podría estar listo el último día de octubre.
En ese mismo lapso se elaborará un documento para «identificar las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto».
Entre el 16 y 20 de octubre, el Comité canalizará al Órgano Interno de Control los proyectos sobre redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica para su validación. Esto porque en el «Plan B», Morena le da más facultades al contralor interno, cuyo titular es cercano a ese partido.
Se advierte que hasta el 31 de octubre se determinarán las acciones sobre la instalación de organismos locales y oficinas auxiliares.
En esa misma fecha se propondrá el cambio de adscripción de personal y asignaciones presupuestales.
Sobre la adecuación normativa, el calendario indica que antes del 30 de abril se efectuarán los cambios a los reglamentos internos, como ordena el Plan B, en materia administrativa, presupuestaria, fiscalización y partidos políticos.
Antes del 30 de junio, esos documentos deberán ser analizados por las direcciones y unidades para conocer su diagnóstico e impacto, a fin de elaborar los definitivos.
El Comité aprobará en septiembre un nuevo calendario en el que determine los plazos en los que el Consejo General aprobará los acuerdos de reestructuración y normatividad, y, en consecuencia, implementarlos.
Los consejeros confían en que en que en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte la inaplicación del «Plan B», y de no ser así, antes del 1 de junio resuelva si es inconstitucional o no.
Si no resuelven los ministros, el proceso electoral del 2024 arrancaría en noviembre -no en septiembre-, por lo que los cambios se ejecutarían en plena contienda.
Érika Hernández
Agencia Reforma