El Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre «problemas significativos» en México en materia de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU indica que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo diversos casos de abuso.
«La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción», señala.
Organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, consigna, fueron responsables de crímenes violentos como homicidio, tortura, secuestro, extorsión y trata de personas.
«El Gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado», apunta.
Entre los casos de abuso de las fuerzas del orden destaca el de elementos de la Guardia Nacional que abrieron fuego en abril de 2021 contra un auto que no se detuvo en un control en Irapuato, incidente en el que murió el joven Yael Ignacio Rangel y quedó herida Alejandra Carrillo Franco.
En tanto, reporta, el 31 de agosto, soldados asesinaron a Heidi Mariana Pérez, de cuatro años, e hirieron a su hermano Kevin Pérez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el vehículo en el que viajaban los niños.
Entre enero y agosto, señala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria. De esas, detalla, 43 involucraron la Guardia Nacional, 37 a la Fiscalía General de la República, 24 a la Secretaría de la Defensa y 17 a la Secretaría de Marina.
El Departamento de Estado advierte que las desapariciones continuaron como problema persistente, especialmente en áreas con altos niveles de violencia ligada a cárteles.
«Las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones son incompletas y tienen problemas para compartir información. Los sistemas forenses están muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que el que son capaces de manejar», indica.
En materia de libertad de expresión el informe destaca que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero que a menudo se autocensuran por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales.
«El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, con la sección de ‘Quién es quién en las mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del Presidente para exponer a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas», apunta.
Víctor Osorio
Agencia Reforma