CDMX. En las elecciones de 2023 y 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará, por primera vez, con un protocolo de seguridad para resguardar a personal electoral, documentación y alertar de riesgos a candidatos.
Aunque muchos de los procedimientos se aplicaron en procesos electorales anteriores, ante una orden del Tribunal Electoral federal, el INE creó un documento con acciones específicas y actores involucrados.
Un gran número de esas medidas son nuevas o se fortalecieron.
En el protocolo se establece que el órgano electoral deberá pedir a las autoridades de seguridad, tanto federal como estatal y municipal, información puntual sobre localidades que representen situaciones de riesgo en el proceso electoral.
El diagnóstico deberá contemplar tres rubros: problemáticas de inseguridad, como la violencia o delincuencia grave que podrían impedir o afectar la realización de los trabajos en campo para el personal electoral; conflictos sociales, lugares de tensión entre distintos grupos comunitarios que alteren el proceso, y presencia de crimen organizado, que son los puntos donde operan bandas o estén en conflicto por cárteles y no sea adecuado entrar.
En las mesas de coordinación que se integrarán en el marco de los convenios de coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, deberán catalogarse las complicaciones en tres niveles.
1.Las zonas, distritos o municipios con un riesgo latente de complicarse o reactivarse algún conflicto.
2.Donde exista un problema que requiera la mediación de una autoridad
3.Tres, aquellas donde es urgente la intervención inmediata de dependencias gubernamentales.
Debido a que el protocolo se aprobó en diciembre, el INE está integrando la información.
Sin embargo, en el documento rector se establece que en 2024 las acciones deberán arrancar con un mes de anticipación respecto del inicio del proceso electoral.
Zonas conflictivas Entre la veintena de medidas, se establece que el órgano deberá asignar a personal para revisar las condiciones de seguridad, para los supervisores y capacitadores que recorren el País para integrar las mesas directivas.
Se evaluará en qué lugares es necesario el acompañamiento de elementos de seguridad.
El personal de las juntas locales y distritales diseñará una propuesta para las secciones electorales en conflicto, en donde se establezcan escenarios y alternativas de solución del problema.
De ser necesario, en las juntas distritales se deberá crear una comisión que dé seguimiento al cumplimiento del protocolo.
Los consejos distritales deberán informar sobre secciones que presentan dificultades por alto riesgo, difícil acceso, problemas políticos y conflictos sociales.
En aquellas regiones donde haya brotes de violencia, evaluar la necesidad de aplicar alguna medida alterna que permita garantizar el ejercicio del voto.
El INE asumirá «atribuciones especiales» para organizar elecciones locales.
«En el supuesto de que previo al inicio de un proceso electoral local o durante el desarrollo de éste se adviertan circunstancias que pongan en riesgo el desarrollo del mismo, se podrá poner a consideración del Consejo General, la posibilidad de ejercer sus atribuciones especiales para asumir la realización de un proceso electoral local en cualquier etapa en que se encuentre», indica el documento.
El órgano electoral enumera 30 actividades indispensables para la elección que podrían estar en riesgo si hay condiciones de violencia, delincuencia o conflicto social.
Éstas van desde ubicar los puntos para instalar de casillas hasta elaboración o resguardo de documentación electoral.
Para las elecciones de 2024 no se descarta revisar el esquema en el que se cuidan las instalaciones de los 300 consejos distritales.
Por ejemplo, en elecciones federales anteriores, la protección estuvo dividida en tres autoridades: 27 a cargo de la Secretaría de Marina, 260 de la Defensa Nacional y 13 de la Policía Estatal de Chiapas. Esto último por los acuerdos de San Andrés.
Pendientes La orden del Tribunal se originó por una queja del PAN de anular la elección para Gobernador de Tamaulipas, debido a los problemas de violencia y supuesta intervención del crimen organizado.
Los magistrados afirmaron que el INE debería adoptar medidas para crear una política electoral nacional en materia de prevención de factores de riesgo de violencia electoral.
Por ello, ordenó celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad y electorales, lo cual ya se realiza.
Sin embargo, está pendiente generar mapas de riesgo con acciones específicas, que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada.
Así como crear filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas, celebrar foros y consultas con expertos en la materia de seguridad y reglamentar una facultad de atracción preferente para que el INE pueda hacerse cargo, en cualquier etapa, de alguna elección local o municipal por problemas de violencia.
