A fin de garantizar el interés superior de la niñez, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal para que hijos e hijas de personas privadas de su libertad reciban servicios de salud y acompañamiento psicológico que garantice su desarrollo y bienestar.
En una iniciativa que fue presentada a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resaltó que actualmente las hijas e hijos de personas privadas de su libertad son “invisibles” para el Estado, al ser desconocidas sus necesidades primordiales.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que niñas, niños y adolescentes, con un padre o madre privado de la libertad, son inocentes toda vez que ellos no han cometido ningún delito ni deben ser castigados, estigmatizados y ni sufrir ningún tipo de violencia en el hogar, escuela, comunidad o en el sistema penitenciario por la conducta de sus padres”, expresó la legisladora.
En este sentido, Geovanna Bañuelos conminó a las autoridades a hacer un análisis profundo y exhaustivo sobre la situación que atraviesan los Centros de Readaptación Social (Cereso) tanto en el ámbito federal como estatal, pero sobre todo de las condiciones de desarrollo e integridad de los internos y de sus hijos menores.
“Debemos dotar a las hijas e hijos menores un acompañamiento psicológico que les ayude a garantizar su bienestar ante la situación que conlleva el distanciamiento y los múltiples cambios que sufren derivado de la situación de sus padres o madres”.
Por ello, también propuso establecer como obligación de los centros penitenciarios el recibir y salvaguardar la información relativa a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad y de quién tiene la custodia para que sea proporcionada a las autoridades correspondientes para que brinden los servicios de atención y seguimiento que en su caso requieran para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
“Ellas y ellos no deben ser invisibles, ellas y ellos son inocentes. Es deber del Estado mexicano proteger y garantizar sus derechos”.
