CDMX. El escenario político se centra en las consecuencias que provocará el Plan B de la reforma electoral.
Se trata del paquete de modificaciones a leyes secundarias, propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la negativa de la Oposición a una reforma constitucional, con la que se buscaba, entre otras cosas, elegir a los consejeros electorales y magistrados por voto directo de los ciudadanos.
Una porción del Plan B ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado, pero su aplicación contempla la desaparición de mil 264 vocalías de las juntas distritales y locales del INE en el País, así como la fusión de una decena de direcciones y unidades de oficinas centrales.
Además modifica procedimientos y plazos del proceso electoral 2024.
Con esto, argumenta Morena, se ahorrarían al menos 3 mil 605 millones de pesos, lo que equivale, argumentan, a las pensiones de 143 mil adultos mayores o a 52 mil apoyos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Los consejeros electorales aseguran que esto no sólo impactará en la organización de la elección presidencial, también en los comicios concurrentes en 31 entidades federativas.
«Hay que ser claros: se pretende con estos cambios sin diagnóstico, recortando personas, colapsar la labor electoral. Se quiere imponer desde el poder reglas convenientes ahora al poder, derribando aquellas que nos permiten hoy equidad. Derriba lo que hoy no gusta al poder», apuntó la consejera Claudia Zavala.
El miércoles, el Consejo General del INE discutió el diagnóstico, de 165 páginas, que realizaron sus áreas técnicas, en los que se advierte que el Plan B pone en riesgo las elecciones del 2024.
«Todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios; con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública», indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien en abril dejara ese puesto.
En la misma sesión, los 11 consejeros describieron decenas de actividades, programas o procesos que se ven impactados de manera negativa.
Lo más crítico
Sin duda, advierte el INE, lo más crítico es cambiar las 300 juntas distritales que hay 300 en el País de permanente a temporales y reducir sus vocalías que pasarán de cinco a una, pues desaparecerían las vocalías de Organización, Capacitación, Registro Federal de Electorales y el vocal secretario, y todas sus funciones serían asumidas por un vocal operativo.
Los titulares despedidos, quienes llegaron al INE por un concurso de conocimientos del Servicio Profesional Electoral, serían mil 200, cuyo sueldo es de 43 mil pesos netos.
En las Juntas Locales, una por cada entidad, desaparecería la vocalía de Organización, que se fusionaría con la de Capacitación, y el vocal ejecutivo, cuyos sueldos son 66 mil y 73 mil pesos netos, respectivamente. Sumados serían 64 titulares.
En oficinas centrales se fusionan diversas direcciones y unidades, lo que también implicará despidos.
«Efectivamente, al no poder tomar el control del Consejo General, para decirlo en castellano llano, al no poder apoderarse de la cabeza, la opción fue mutilar el cuerpo. Nos han mutilado, pero no estamos muertos», aseguró Córdova, ante la propuesta de despedir al 86 por ciento del Servicio Electoral Profesional.
En el proceso electoral
El adelgazamiento de la estructura y los nuevos procedimientos y plazos causará efectos, advierte el INE, en el resultado electoral, pues se trastoca la certeza y legitimidad de la elección.
Por ejemplo, se mantiene el Programa de Resultados Preliminares (PREP), pero también el sistema de conteo distrital; se establece una boleta única lo que tienen implicaciones en el resultado; los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, por lo que se desconoce cómo será el cotejo.
«(Con el nuevo diseño del proceso) se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo», indica el diagnóstico.
Habrá menos personal para los recuentos parciales y totales de votos, cambia la integración de las mesas de casilla, pues sólo se pide realizar una insaculación y se establece que no se visitará al 100 por ciento de los seleccionados.
Además de que se establece que se priorice a la gente mayor, cuando actualmente es la última que se elige, por las condiciones en las que estarán en el día de la jornada laboral.
«Se introduce un importante sesgo en la aleatoriedad con que se integran las casillas y se afecta la objetividad en la asignación de los cargos, privilegiando en los cargos más altos a un sector de la población directamente beneficiado por programas sociales», indicó el consejero Martín Faz.
Morena plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no 13 días como ahora, y la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes.
Esto provoca que no haya tiempo de comunicar a los funcionarios de casilla los cambios, y en consecuencia se les impida el paso, provocando la nulidad de la casilla.
La operatividad
Los consejeros alertan sobre las implicaciones de cambiar los módulos de credencialización, de espacios rentados, a oficinas gubernamentales, pues no se garantiza la apertura ni la seguridad del equipo y la información.
También ven retrocesos en las llamadas acciones afirmativas y paridad: reducen de obligación de los partidos para postular a 50 candidaturas a diputados para migrantes, jóvenes, indígenas, diversidad y afromexicanas a 25.
Mientras que en materia de fiscalización, se eliminan diversos mecanismos para garantizar rendición de cuentas.
Como parte del paquete electoral, se aprobó una Ley de Comunicación Social, la cual ya fue publicada por el Ejecutivo, y con la que se permite que funcionarios puedan opinar sobre temas prohibidos en procesos electorales, y se considere libertad de expresión.
El miércoles, todos los consejeros ordenaron al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, interponer los recursos necesarios ante la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, para frenar dicha reforma.
