CDMX. Multas por 60 millones 78 mil 958 pesos a personas físicas o morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares fueron impuestas en 2022 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Según los registros de este Instituto, los sectores más sancionados son los de otros servicios, con 23 millones 443 mil 125 pesos; información en medios masivos, con 15 millones 633 mil 60 pesos; servicios financieros y seguros, con 14 millones 468 mil 2 pesos; y servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, con 2 millones 331 mil 483 pesos.
Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción se encuentran el dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la Ley, recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, así como omitir en el Aviso de Privacidad alguno de los elementos que exige la Ley.
Además, de enero a diciembre de 2022, se han presentado ante el INAI mil 68 denuncias por el uso indebido de datos personales en el sector privado y 101 en el sector público.
Del total de denuncias en el ámbito privado, 167 se encuentran en trámite y 901 fueron concluidas; en tanto que, en el ámbito público, en 14 asuntos continúa la investigación en proceso y 87 ya fueron atendidas, según este instituto.
En el periodo de enero a diciembre de 2022, se instauraron 119 Procedimientos de Imposición de Sanciones y se concluyeron 78, de los cuales derivaron las multas impuestas por el INAI por la cantidad referida.
Asimismo, se iniciaron 249 Procedimientos de Protección de Derechos; de los cuales 144 versaron sobre el derecho de Acceso a datos personales; cinco de Rectificación, 102 de Cancelación y 35 de Oposición al tratamiento de los datos. Cabe destacar que en un solo procedimiento se pueden ejercer uno o más de estos derechos.
Los sectores económicos ante los cuales existen mayores inconformidades con la atención a estos derechos, conocidos como ARCO, son el de información en medios masivos, con 19.6 por ciento de solicitudes de protección de derechos; servicios financieros, con 16.8 por ciento, y servicios de salud y de asistencia social, con 13.2 por ciento.