Publicada el 1 de octubre de 2022 y vigente a partir del día siguiente, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas carece de una partida presupuestal para el próximo año.
Tampoco se ha integrado el sistema estatal que mandata la legislación y que debió constituirse a más tardar el 1 de noviembre; a la fecha, no se han iniciado los trabajos formales para ello, cuya ejecución y coordinación corresponden a la Secretaría General de Gobierno.
En cuanto al plazo para la elaboración del reglamento, éste vence a finales de diciembre y servirá para regular el fondo estatal, aunque en el paquete presupuestal de 2023 el Poder Ejecutivo no asignó un monto para este fin.
Obligación de diputados
La secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, informó que “está en manos de los diputados que podamos contar con recursos económicos para la aplicación de la ley”. Además, la funcionaria estatal reconoció que los integrantes del sistema estatal no han sesionado.
“Hemos tratado, en la medida de las posibilidades, de realizar las acciones contenidas en la ley, pero aún no se implementa el fondo porque no se trata sólo de que la legislación lo diga, sino de que tenga suficiencia presupuestal”, argumentó.
Pinedo Morales aseguró que buscaría que en el Presupuesto de Egresos 2023 se etiqueten recursos para la creación del fondo estatal de contingencia, después de que el Poder Ejecutivo no los asignara en el proyecto de paquete económico entregado a la Legislatura del Estado.
De acuerdo con la ley, el monto que debe destinarse a este objetivo corresponderá a 0.05 por ciento del total del presupuesto estatal, es decir, que para el próximo año serían 18 millones 406 mil pesos.
La secretaria general de Gobierno justificó que los avances de aplicación de la nueva ley se darán a conocer “conforme podamos darle la suficiencia presupuestal”, pero insistió en que esto es tarea de los diputados.
Aclaró que, pese a que el sistema estatal aún no sesiona, “tenemos una permanente que hace las veces de atención al tema de desplazados y tenemos la mesa en diferentes lugares”.
Piden dinero
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la diputada Refugio Ávalos Márquez, exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que destine recursos para la aplicación de la ley para atender el desplazamiento forzado interno.
La propuesta es que se le asignen 18.4 millones de pesos de manera irreductible, para crear el fondo respectivo y formalizar los programas que establece la legislación.
La solicitud se realizó aun cuando en la propia ley estableció que “el monto a considerarse en el Presupuesto de Egresos correspondiente al Fondo Estatal de Contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno se asignará a partir del Ejercicio Fiscal de 2023”.
Reglamento en proceso
Ricardo Humberto Hernández León, titular de la CGJ, declaró que solicitó información a todas las dependencias que integran el gabinete legal, acerca de cuál será su participación en la aplicación de la ley.
Agregó que está a la espera de recibir las aportaciones de las secretarías estatales para tener el reglamento. “Requerimos la precisión de las instancias como seguridad y todas las que participan”, expuso.
Hernández León confió en tener esta información antes de que inicie el periodo vacacional y que, hasta entonces, en la coordinación jurídica se van “a conjuntar todas las aportaciones para poder establecer el reglamento”.
