ZACATECAS. El Ayuntamiento de Juan Aldama deberá entregar el último comprobante de pago de una regidora a fin de responder de forma completa una solicitud de información pública, así lo instruyó el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) al resolver una inconformidad ciudadana.
La comisionada ponente de este caso, Nubia Barrios Escamilla, explicó que la inconformidad derivó de que una ciudadana recibiera información incompleta en respuesta a su solicitud sobre una regidora, en la cual preguntó sueldo con prestaciones y bonos, inasistencias, horario laboral y fundamento por el cuál no registra su entrada o salida, actas de Cabildo en las que haya participado, gestiones que ha realizado, fracción política a la cual pertenece y el último Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) que haya recibido.
“El Ayuntamiento de Juan Aldama, al responder, omitió responder varias de las interrogantes, sin embargo, durante el proceso de la inconformidad envió algunos de estos datos” afirmó la comisionada.
En sus manifestaciones el municipio respondió que la regidora, al representar a la ciudadanía en el Ayuntamiento, no percibe un salario, bonos ni prestaciones, sino una dieta, e informó el monto de esta, indicó que debido a su función no cuenta con un horario laboral ni está obligada a registrar su entrada, también informó que no ha realizado ninguna gestión.
Barrios Escamilla señaló que, aún pese a haber proporcionado parte de la información, el sujeto obligado omitió informar la fracción política de la regidora y tampoco entregó el CFDI bajo el argumento de que contiene datos personales.
“La fracción política de la regidora es un dato de interés público, pues forma parte del proceso por el cual se conformó el Cabildo, en tanto que sus percepciones provienen del recurso público y por lo tanto el CFDI debe entregarse, realizando una versión pública para proteger los datos personales que contenga” puntualizó.
Por lo anterior, se instruyó al municipio modificar su respuesta y entregar, en un máximo de cinco días, la versión pública del comprobante de pago de la regidora.
En otra ponencia de la comisionada Nubia Barrios Escamilla, se instruyó al Ayuntamiento de Zacatecas remitir a un ciudadano las actas del Comité de Transparencia que avalan la reserva de información sobre la geolocalización de incidentes delictivos.
Ello derivado de una solicitud en la cual se pidieron al municipio diferentes datos respecto a incidencia delictiva, eventos y reportes de enero del año 2010 a la fecha, desglosados por tipo de incidente, hora, fecha, ubicación y coordenadas, entre otros.
La comisionada ponente resaltó que el municipio contestó la solicitud enviando un desglose por año, aun así el solicitante consideró incompleta la respuesta al no recibir las coordenadas geográficas de los incidentes, ni el acta de Comité de Transparencia que avalara la no entrega de esta información.
En sus manifestaciones, el Ayuntamiento entregó información general sobre las zonas y el acta de Comité de Transparencia que reserva durante cinco años la información referente a coordenadas geográficas de los incidentes delictivos, reserva que fue confirmada por el Pleno del IZAI al considerar que, de entregarse este dato, podría exponerse la privacidad de las personas involucradas en estos hechos.
Así mismo, se pronunció mediante un acta respecto a la posible inexistencia de información entre los años 2010 y 2012, pues aún no se establecía la plataforma, y del año 2018 debido a cambios de equipo y fallas en las computadoras donde se almacenaban los datos.
El Pleno consideró que, con ambas actas del Comité de Transparencia del municipio, se completó la petición del solicitante, por lo que instruyó al Ayuntamiento para que, en un máximo de cinco días, las remita al solicitante.
En la sesión también, bajo la ponencia de la comisionada Barrios Escamilla, fue sobreseído un recurso en contra del Ayuntamiento de Guadalupe luego de que, en sus manifestaciones, complementara información sobre las actas de cabildo en las que se incluya la incorporación de nuevos fraccionamientos.
En el mismo sentido, el comisionado Samuel Montoya Álvarez resolvió un recurso contra el municipio de Miguel Auza y determinó sobreseerlo, pues complementó información sobre las actividades realizadas por el presidente municipal y las observaciones realizadas por la auditoría al municipio.
Finalmente, la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez instruyó al Ayuntamiento de Río Grande para que turne información complementaria sobre el parque vehicular del municipio, la cual deberá hacer llegar al ciudadano en un plazo de tres días.
