Por medio de un comunicado, el Movimiento Feminista de Zacatecas fijó postura respecto de los abusos sexuales denunciados en días anteriores en escuelas y kínder de la entidad.
“Tanto el abuso sexual como las violaciones en contra de niñas, niños y adolescentes son hechos deleznables que atentan contra su integridad física, emocional, psicológica; aun peor, los ocurridos dentro de instituciones educativas, pues debieran ser éstas un espacio seguro para proteger, respaldar y garantizar todas las medidas de sano desarrollo a sus estudiantes, y no el escenario de abominables prácticas por parte de docentes o personal de cualquier índole, como el de intendencia”, exponen.
Puntualizan que la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) debe garantizar que la enseñanza esté basada en el respeto irrestricto de la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de igual manera, está obligada a señalar y denunciar cualquier delito sexual al interior de sus espacios, “en lugar de solapar a los responsables o ignorar las acusaciones, como ya ha ocurrido”.
Los casos de abuso sexual y violaciones perpetrados tanto en el kínder María R. Murillo, de Villas de Guadalupe, como en la primaria Raúl González Ferniza, de Sauceda de la Borda, en Vetagrande, en los que se contabilizan diversas víctimas menores de edad, “son muestra de omisión, abandono e indolencia por parte de las autoridades, de inoperancia y falta de seguimiento de los protocolos establecidos desde hace muchos años, a los cuales deben ceñirse todas las instancias de gobierno, entre ellas la SEZ”.
Asimismo, el Movimiento exige el esclarecimiento de todos los casos, el castigo de cada uno de los responsables, de los cómplices de abuso sexual contra menores, así como la atención psicológica especializada de las víctimas por parte de los sistemas estatal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como parte del seguimiento de la reparación integral de daños, incluyendo los procesos de rehabilitación psicológica especializada (personal, familiar y comunitaria), además de las medidas pertinentes de no repetición para garantizar, desde la SE, que toda persona en contacto con las y los estudiantes sea capacitada en protocolos de prevención y atención de abuso sexual infantil.
“Somos conocedoras de la corrupción al interior de los sistemas de justicia, lo que desemboca en impunidad y revictimización; por ello, reclamamos a las comisiones estatales de Atención Integral a Víctimas y de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a la Legislatura, que cumplan con su trabajo al observar, acompañar y supervisar que se ejecuten debidamente tanto los procesos jurídicos como psicológicos hasta restaurar en su grado máximo posible la salud físico-emocional de las víctimas primarias y secundarias (familias y comunidad escolar), además de emitir sentencias más severas para los casos de abuso sexual infantil, con una legislación en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
