“De los 150 periodistas asesinados del 2000 a 2021, sólo se ha dictado sentencia en seis casos. La impunidad sí influye en los niveles de violencia”, anotó la diputada en un comunicado.
En el contexto de acoso contra la prensa desde el poder y el clima de violencia en que viven las y los periodistas, es debido implementar, en menos de 10 días, los mecanismos de protección para comunicadores y personas defensoras de derechos humanos para garantizar su labor y su libertad de expresión, abundó.
De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, durante el 2021 México fue uno de los países más peligrosos para el periodismo. La organización Artículo 19 ha contabilizado 31 periodistas asesinados por actividades relacionadas a su trabajo durante esta administración, dijo.
La diputada exhortó a actuar de manera urgente para combatir la impunidad de los delitos contra periodistas, hacer justicia y sentenciar a los responsables.
“Se propone que la protección del mecanismo sea pronta y expedita: los tiempos de respuesta son la diferencia entre la vida y la muerte. También que las solicitudes de protección se consideren prioritarias. La evaluación del riesgo no puede tardar 10 días, sino 48 horas máximo.
“La implementación de medidas no debe ser después de un mes, sino de 10 días máximo. Tanto el Gobierno Federal como las entidades deben destinar recursos para el ejercicio y libertad de la labor periodística”, puntualizó la diputada.
