CIUDAD DE MÉXICO. Para brindar mayores herramientas al combate a la corrupción, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los servidores públicos tengan la obligación o la convicción de denunciar los actos de corrupción de los que sean testigos en el cumplimiento de sus funciones.
“La iniciativa que hoy presentó tiene como finalidad avanzar en el combate a la corrupción que por tanto tiempo ha afectado a nuestro país. Dejando atrás las prácticas oscuras que tanto ha dañado a nuestra sociedad”, mencionó.
Al fundamentar la propuesta la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aclaró que el objetivo de la reforma constitucional es brindar un marco de referencia y actuación al Estado Mexicano para formular en la legislación secundaria, la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de este deber, las y los servidores públicos no confronten consecuencias negativas por denunciar actos de corrupción.
Es decir, establecer que el Estado faculte los mecanismos para garantizar la protección de los servidores públicos que denuncien estos tipos de actos.
«Al establecer el deber de crear los mecanismos para garantizar la protección de los servidores públicos que denuncien actos de corrupción, fortalecemos los conceptos de responsabilidad democrática y el Estado de derecho, asimismo, establecemos elementos para disuadir la conducta ilícita de las autoridades y reforzar las medidas de prevención de la corrupción”, aseguró la legisladora.
Geovanna Bañuelos destacó que con esta reforma se estaría empoderando a las personas y fomentando la ética en el ejercicio público en favor de todas y todos los mexicanos. Y sostuvo que es fundamental que los servidores públicos tengan los elementos para denunciar las arbitrariedades y actos ilegales que observen en el gobierno.
“La protección de las personas que denuncian actos de corrupción es un importante complemento a la labor que realizan los órganos de control interno en la administración pública, ya que, de no existir estas denuncias, la información permanece oculta a la sociedad y los efectos negativos de las prácticas ilegales persisten al interior de la administración pública”, detalló.
Geovanna Bañuelos reconoció que actualmente las estructuras de poder al interior del servicio público limitan la denuncia, puesto que funcionarios de menor nivel jerárquico son testigos de actos de corrupción cometidos en muchas ocasiones por sus propios jefes directos o un funcionario directivo con influencia y poder en instituciones públicas.
Actualmente, dijo, no se cuentan con las garantías suficientes para salvaguardar la identidad y seguridad del denunciante; así como evitar las posibles represalias que los funcionarios corruptos pueden ejercer en su contra.
“Esta reforma refuerza poderosamente la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la ley y ante la población a la que deben servir, fortalece los valores y ética del servicio público, además, ayudará a prevenir la corrupción”, enfatizó.