CIUDAD DE MÉXICO. Con el voto mayoritario del bloque PRI, Partido Verde y Nueva Alianza fue aprobado ayer el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, mismo que fue calificado por diversas organizaciones como una simulación.
Los críticos del documento argumentan que de aprobarse así la ley, no se especifican criterios técnicos que determinen la mejor manera de ejercer los recursos, no fija topes que limiten el monto máximo a ejercer y deja como responsable a Gobernación del padrón de medios.
La aprobación del dictamen en la Comisión de Gobernación se hizo sin haber escuchado a la sociedad civil, que fue la que promovió el amparo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso a legislar en la materia antes del 30 de abril.
Justine Dupuy, integrante del Colectivo Medios Libres, integrado por más de 130 organizaciones y activistas, consideró que lo aprobado es una simulación, pues más que cumplir con el sentido de lo resuelto por la Corte, los diputados pretenden elevar a rango de ley los actuales lineamientos generales que existen desde hace más de 15 años.
“No es un trabajo legislativo, es una simulación lo que estamos viendo y, desde el Colectivo Medio Libres, estamos muy preocupados porque había una gran oportunidad para que se discuta a fondo temas esenciales para la democracia mexicana”, señaló la activista.
Según la Suprema Corte, la ausencia de una regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación a la libertad de expresión.
El dictamen, aprobado con 15 votos a favor, 8 en contra y una abstención, informó la presidenta de la Comisión, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, fue avalado en lo general y se abrirá un periodo de varios días para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reciba observaciones, incluidas las que formulen las ONGs.
Diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano intentaron evitar que el dictamen fuera votado, argumentando que primero debía escucharse a las organizaciones de la sociedad civil que promovieron el amparo.
