México.- En medio de las acusaciones contra la ex titular de la PGR, Marisela Morales, la bancada del PRI en el Senado presentará una propuesta para castigar hasta con 12 años de cárcel a los delincuentes que, con base en testimonios falsos, pretendan convertirse en testigos protegidos.
La iniciativa -que será llevada a la tribuna por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad- pretende convertir a los “testigos protegidos” en “delincuentes colaboradores” de la justicia.
El legislador plantea que se castigue con una pena de entre 4 a 8 años de prisión a quien falte a la verdad al ser interrogado por alguna autoridad pública.
Detalla que si éste miente o ha sido miembro de la delincuencia organizada y pretende acogerse al programa de protección como “colaborador”, el castigo se incrementará en un 50 por ciento.
También será sancionado, con cárcel de entre 2 y 6 años, el que pretenda inculpar a alguien como responsable de un delito o simule la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad.
“Si el sujeto que recae en este supuesto es o haya sido miembro de la delincuencia organizada y pretenda acogerse al programa de protección como colaborador, la pena se incrementará en un 50 por ciento”, señala.
La propuesta del PRI busca separar la figura del delincuente de la de los testigos protegidos y darle sólo carácter de “colaborador”, con candados que eviten que incida en engaños que perjudiquen a personas inocentes.
“Para ello debe quitarse el valor pleno de prueba los testimonios de los colaboradores y no se les debe conceder beneficios de reducción de condena hasta que no se ha comprobado su dicho y haya redundado en golpes certeros a la delincuencia organizada”, refiere.
En el proyecto se advierte que los miembros de la delincuencia organizada que aporten datos fidedignos a las autoridades para apoyar en la aprehensión de otros integrantes de esa banda delictiva tendrán la calidad de “colaboradores”.
Según Fayad, la ausencia de reglas procesales para este tipo de casos ha propiciado inseguridad jurídica, ya que cualquiera puede ser afectado su prestigio, posición social, política y hasta en su libertad.
“Todo por una declaración ad hoc del colaborador, por el hecho de que un miembro de esa delincuencia, para obtener beneficios, pacte secretamente con el ministerio público o con el juez”, criticó.
“Esta situación debe desaparecer. Es urgente la necesidad de reformar la ley, precisando la naturaleza del testigo con protección”.
La ausencia de una clara regulación en la materia, señala, puede poner en riesgo y en duda la actuación de las autoridades.
“Se dan riesgos que hacen dudosa la intervención de la Procuraduría que puede tener interés insano para perjudicar a alguien políticamente y hundirlo procesalmente”, agrega.
En el proyecto se recuerda que, en algunos casos, la herramienta de testigos protegidos sólo ha servido para escudar a delincuentes que aprovechan ese estatus para borrar los delitos que han cometido y vivir a expensas del erario público.
“Aunque para ello tengan que inventar información, y condena inocentes a la cárcel con su dicho, cuando son ellos los que debieron estar recluidos”, advierte.
“No se debe proteger de más al delincuente que bajo una supuesta colaboración obtiene un beneficio”.
Ayer, el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, denunció a la ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez y a otros 7 funcionarios de la PGR, por presuntamente manipular a tres testigos protegidos para que lo inculparan falsamente de narcotráfico.
Herrera acudió a la oficialía de partes de la PGR, en Paseo de la Reforma, para interponer su denuncia por los delitos de abuso de autoridad y falsedad en declaraciones, derivado del otorgamiento ilegal de beneficios a los testigos colaboradores “Jennifer”, “Pitufo” y “Mateo”.