Zacatecas.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado reprochó que en la entidad, la justicia se haya negociado, tras la liberación de los cinco estudiantes sanmarqueños, pues dijeron, no se llevó el proceso jurídico como debía.
“Conseguir un desistimiento de acción penal no es sencillo, pero en este caso sí se da fuera de todo marco legal y de manera irresponsable y sin ningún sustento legal y constitucional”
Martín Balderas Lugo, respaldado por el presidente de la asociación, José Pablo Mercado, sostuvo que en el caso, la acción penal que se ejerció, no se llevó de manera adecuada.
“Se deja ver a la sociedad que la Ley se está negociando y para nosotros y la sociedad en general es grave”, manifestó en conferencia de prensa.
A inicios de esta semana, estudiantes de la Escuela Normal Rural Matías Ramos terminaron con los bloqueos a Ciudad Administrativa, Congreso del Estado y Palacio de gobierno.
Lo anterior, tras lograr acuerdos con la empresa Pepsico en torno a la liberación de sus compañeros detenidos dos semanas atrás, quienes enfrentaban un proceso legal por privación ilegal de la libertad y robo.
Balderas Lugo, mencionó que aunque el ejercicio de desistimiento de acción penal es viable, legal y está dentro de las facultades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) no se cumplieron los requisitos que se exigen para ello.
En este sentido, indicó que para que el desistimiento de acción penal pueda ser otorgado a una persona inculpada por un delito, los abogados tienen que cumplir una serie de requisitos “muy precisos y complicados”.
Como muestra de esta situación, es que en 27 años de ejercicio profesional se han tratado de conseguir 6 o 7 desistimientos y nunca se ha logrado uno, indicó.
Ante ello, sostuvo que lo preocupante es que pudiera generarse alguna resolución producida a través de un mecanismo no autorizado por la ley y dejar en libertad a los jóvenes.
Explicó que por el tipo de delitos por el que fueron acusados, los alumnos normalistas detenidos no pudieron alcanzar la libertad provisional bajo fianza.
Refirió que en el caso de los 5 jóvenes con auto de formal prisión dictada en su contra, se implementó el recurso de apelación, lo que significa que el asunto será revisado por una de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Conseguir un desistimiento de acción penal no es sencillo, pero en este caso sí se da fuera de todo marco legal y de manera irresponsable y sin ningún sustento legal y constitucional”, apuntó.
Insistió en que los abogados del estado están preocupados por ello, de ahí que decidieron alzar la voz ante circunstancias de esta naturaleza que ocurren en el estado y “jamás permitir que el principio de justicia sea negociado.
Afirmó que respaldan la justicia restaurativa, estamos en pro de la justicia alternativa, pero nunca a “la justicia negociable”.
No obstante, los abogados explicaron que a ellos no les corresponde decir si el fiscal del estado, Arturo Nahle García es el responsable del desistimiento de la acción penal, aunque el juez no resulta involucrado en esta situación.