Zacatecas.- Cientos de trabajadores de la mina El Coronel, ubicada en Luis Moya, protestaron por las principales calles del Centro Histórico capitalino para exigir que se solucione el conflicto, que mantiene en paro a la empresa desde hace poco más de un mes.
Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) solicitaron la intervención del gobernador Miguel Alonso Reyes para que concluya el paro ilegal en la unidad, filial de la Minera Frisco, del Grupo Carso.
El gobernador tendrá la mejor forma de actuar para resolver el asunto y confiamos en él y en las instancias federales
Los manifestantes, que se concentraron en Plaza de Armas alrededor del mediodía, afirmaron que personas ajenas a la organización han impedido que continúen los trabajos en la compañía.
En la conmemoración del Día del Minero, el contingente con alrededor de 400 trabajadores del sector metalúrgico salieron de la alameda Trinidad García de la Cadena con rumbo al Palacio de Gobierno.
De manera pacífica y con una sola consigna, “qué queremos los mineros de la CROC, trabajar”, se abrieron paso por las avenidas Torreón e Hidalgo.
El Sindicato Nacional Minero, informó que sigue en curso la negociación con la mina El Coronel, luego de que el 2 de julio concluyó la huelga en dos empresas mineras en Chihuahua y Sonora, filiales de Minera Frisco del Grupo Carso.
La huelga en dichas mineras concluyó al otorgar a los trabajadores un incremento salarial y prestaciones equivalentes al 13 por ciento, más el reparto de utilidades.
Juan Sánchez Ortiz, representante de la CROC, indicó que es necesaria la intromisión del gobierno del estado para resolver la problemática, de lo contrario habría una crisis mayor.
Un promedio de mil 50 trabajadores se han visto afectados por este conflicto, además del impacto en la economía local.
Destacó que afortunadamente se convino con la empresa pagar un salario a los que no están involucrados en el paro, no obstante no es suficiente, pues con el trabajo se ganan bonos y horas extras.
A decir de Sánchez Ortiz están en riesgo, no sólo los empleos directos, sino los más de 5 mil indirectos.
Por la problemática en la mina, indicó que las familias y lugareños se han visto afectados, pues dependen de esta actividad; la mayoría de los trabajadores viven en Ojocaliente, Luis Moya, Loreto y Noria de Ángeles, por mencionar.
Al urgir a las autoridades a intervenir, expresó que “está en riesgo la paz social”.
Confió en que la administración estatal intervenga, aún y con el uso de la fuerza pública para terminar con el paro ilegal y lograr que la operación de la planta continúe.
“El gobernador tendrá la mejor forma de actuar para resolver el asunto y confiamos en él y en las instancias federales”, afirmó.
Afirmó que una cosa es la situación laboral y sindical y otra la ilegalidad en la que 70 personas han tomado la mina.
“Aquí estamos hablando de que están cometiendo delitos, están amenazando a la gente y que han secuestrado a personas, eso no es laboral, es ilegal”, expresó.
