Guadalupe.- Pese a que es ilegal el hecho de que directivos condicionen la entrega de documentos oficiales o se lleven a cabo inscripciones por adeudo de cuotas escolares, la asociación de padres de familia de la primaria Genaro Codina Fernández, ubicada en Jardines de Sauceda, acordaron no seguir dicho dictamen.
Rosa María López Loringo, directora de la escuela expuso que “el comité puede negar el derecho a la educación a quienes no paguen las cuotas, porque está en sus manos, debido a que así se está manejando, ya que fue un acuerdo que tomaron en una reunión y se estableció como una regla pagar 200 pesos por padre de familia por este concepto”.
Luego de que padres de familia de esta institución manifestaron que no podrían inscribir a sus hijos a este planten, sino pagaban la cuota para ello, la directora comentó que en la reunión se tuvo el convenio de poder hacerlo si no cumplen con lo establecido.
Precisó que la dirección no decide el monto de las cuotas, porque el ciclo pasado la mayoría de las personas no cubrió el requerimiento y que hasta el momento no se ha negado la inscripción a nadie.
Expuso que el requisito para poder inscribir a los menores es presentar la ficha de pago, pues consideró que es un costo bajo, porque en otras instituciones solicitan hasta 400 a 700 pesos por este concepto.
“Tenemos que presionarlos para que cumplan porque es su obligación, ya que lo acordaron en una reunión” a las cuales de 100 padres de familia únicamente no asiste ni la cuarta parte.
Detalló que la bolsa que se recaba, se destina para cubrir las necesidades de la institución como son pagar al velador, comprar agua, papelería y material de limpieza porque la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) no da apoyos.
Para evitar este problema de retener documentación o negar la inscripción, hace 15 días, autoridades de la Seduzac informaron que la retención de documentos se elevó a delito por la modificación jurídica al Código Penal, por lo que directivos o maestros deben abstenerse de realizar este tipo de acciones.
En este contexto, según la normatividad, las sanciones administrativas para quien incurra en este delito van desde 300 a 500 salarios mínimos o de tres a 30 meses de cárcel.
Según informes de la Seduzac, esta problemática en 2012 se concentró en centros educativos de las zonas urbanas de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Loreto y Río Grande.
