México.- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional celebró el reconocimiento del gobierno federal sobre la necesidad de fortalecer la atención al fenómeno de desapariciones forzadas de dirigentes sociales y el desarrollo de medidas integrales para su erradicación.
Empero, Wilfrido Hernández Jarquín, integrante de la Comisión Ejecutiva de esa organización, comentó que tal aceptación es insuficiente ya que familiares y organizaciones sociales exigen la presentación con vida de los desaparecidos.
Aplaudió la información emitida por la Secretaría de Gobernación en el sentido de que se dará cumplimiento a la Recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre evidencia de 275 casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas de los setenta y ochenta.
Incluso consideró digno de reconocimiento que las autoridades se comprometan a establecer un Programa Administrativo de Reparación del Daño para brindar atención a las víctimas y familiares.
Refirió que la Secretaría de Gobernación señaló, en un comunicado reciente, que en 2011 atendió 24 casos de un total 275 reconocidos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas antes señaladas, al cubrir el daño emergente, inmaterial y el lucro cesante, aunque tales esfuerzos aún son insatisfactorios.
Hernández Jarquín destacó que en cárceles mexicanas están recluidos más de 750 dirigentes sociales que pueden considerarse presos políticos, entre los que destaca Francisco Jiménez Pablo, detenido hace dos años y recluido en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Indicó que se trata de un líder campesino que a pesar de enfrentar problemas de salud, se le ha negado su traslado a un Centro de Readaptación Social (Cereso) en Chiapas, entidad natal del dirigente nacional de CNPA-MN.
Además retomó el tema del profesor Carlos René Román Salazar, quien cumplió un año de su desaparición forzada, mientras que las autoridades gubernamentales y las encargadas de la procuración de justicia no responden a la exigencia de que este dirigente sea presentado con vida.
Los informes en la materia son confusos pero sí se observa un mayor armamento para los cuerpos policiacos, así como incremento en la represión y la criminalización de la protesta social, detalló.
Puntualizó que Carlos René Román Salazar es profesor y miembro activo de la Sección XXII del SNTE y de su desaparición “sabemos menos que cuando tuvimos la triste noticia de su ausencia y a ello ha contribuido el gobierno de Oaxaca y la autoridad federal al negar que ellos lo tengan retenido”.