Zacatecas.- La agrupación ciudadana El Centro Histórico es de Todos, que pretende impedir la instalación de un McDonald’s en el Portal de Rosales, informó que se tomó la decisión de continuar su exigencia por la vía legal y pacífica, con lo que abandona las manifestaciones y marchas de protesta.
Su líder, Jesús Zúñiga, indicó que se envió una carta al presidente Felipe Calderón para pedirle que intervenga en el asunto, y que a través de instancias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se dictamine que existen anomalías en los permisos otorgados a la empresa de comida rápida.
Lo anterior, a propósito de que esta misma semana iniciarán algunas obras en el establecimiento que ocupará la franquicia, luego de que el Ayuntamiento de Zacatecas otorgará los permisos correspondientes.
“Estaríamos esperando una respuesta de las autoridades federales, y estar en condiciones de emprender una defensa legal, pues en este momento la protesta no tendría la eficacia que se busca”, argumentó Zúñiga.
Al respecto, agregó que por el momento lo que se hará es defender al Centro Histórico por la vía legal y no mediante la movilización, sin embargo, advirtió que se impedirá que a la empresa le vaya bien.
Y que consideró que la decisión que tomaron la Junta de Protección y Conservación de Monumentos de Zonas Típicas del Estado y el ayuntamiento capitalino, de aprobar el proyecto, presenta algunas inconsistencias, pues no cumple con los lineamientos para considerar a una ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.
“Tanto gobierno del estado como municipal (sic), son cómplices de anomalías jurídicas”, expresó.
En este sentido, externó: “lo que decimos es que no pueden estar tomando decisiones al margen de un programa de Desarrollo Urbano Integral, e incluso algunos proyectos como la remodelación del Mercado González Ortega y la Alameda Trinidad García de la Cadena, que se impulsan de manera aislada y no integral”.
Además, expuso que se le pedirá al presidente de México, aumentar para el próximo año el presupuesto destinado a las Ciudades Patrimonio, que actualmente es de 100 millones de pesos, ya que al ser repartida esta cantidad a la decena de urbes con este nombramiento, le tocan no más de 10 millones de pesos a cada una, recurso insuficiente para los trabajos de conservación.